La ofensiva policial en el Estado español

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A nivel global los Estados continúan enseñando su cara cada vez más policial, apoyados por los avances tecnológicos y los aportes técnicos que esos mismos Estados se encargan de promover –de manera pública o privada– para el control social, la vigilancia de la totalidad de la población y la contención de los posibles desvíos hacia la desobediencia, el disenso e incluso el desborde que ocasiona la catástrofe capitalista. A nivel europeo, ante lo que los Estados consideran un momento delicado en relación a cuestiones de seguridad, y tomando como excusa los últimos acontecimientos en relación a los atentados perpetrados –real o presuntamente– por Estado Islámico en terreno europeo, se desarrollan todo tipo de estrategias para poner freno a las deficiencias securitarias que los propios Estados han demostrado tener.

Pasando por el decreto de estado de emergencia continuado en el caso francés o las medidas de urgencia y alerta en materia antiterrorista que llevan a la militarización de la vida cotidiana en múltiples ciudades. No hace falta ir muy lejos: en ciudades como Barcelona ya es habitual la presencia de policías fuertemente armados en zonas «sensibles», como estaciones de metro, aeropuertos, espacios céntricos con gran flujo de turistas, embajadas, etc, presencia que promete extenderse incluso más allá de esas zonas puntuales. Este lamentable paisaje ha llegado para quedarse e impone su violencia a pasos agigantados. Todo justificado por el nivel de alerta y prevención en materia antiterrorista. En este caso, se intenta contrarrestar esta agresividad policial, manteniendo alta la maquinaria desplegada en torno a la alarma social y vendiendo seguridad en las calles, pero también planteando por otro lado su cara supuestamente más «amable» a través de «otra» policía, la de «proximidad», la de la «gente», la que facilita y ayuda al «ciudadano» en su día a día, la que garantiza el cumplimiento del civismo y por ende de la paz social. Esto último es una práctica de larga data pero se complementa y actualiza permanentemente conviviendo con las otras estrategias policiales.

En el Estado español, se ha ido agravando la ofensiva policial en todos sus frentes y los últimos golpes asestados contra nuestros entornos de lucha se contextualizan teniendo en cuenta también todos los otros mecanismos de control social, sin los que no serían posibles. Hay una cuestión planteada en perspectiva por parte del Estado: es necesario actuar preventivamente. Ante lo que el Estado considera no sólo problema concreto sino también potencial, valiéndose de las nuevas doctrinas de seguridad en términos preventivos, se ataca todo aquello que se considera susceptible de desestabilizar el consenso. La represión a algunas busca ser ejemplo para el resto, pero también retomar una y otra vez la legitimación y justificación de todo el aparato represivo del Estado.

El aspecto más sucio de una no tan nueva guerra planteada, sin lugar a dudas, se lo ha llevado en el Estado español la necesidad de acabar con ETA, lo que llevó a profundizar el blindaje, ya en contexto democrático, pasando por fondos reservados totalmente opacos destinados a acabar con el conflicto vasco en su totalidad y complejidad, y un sinnúmero de prácticas desde las cloacas del Estado. Se crean unas condiciones de aplicabilidad de las estrategias policiales que servirán para atacar cualquier entorno de lucha. Cambien o no las cosas en este sentido, un Estado jamás se sacudirá de sus estructuras y de todo ese fondo creado en términos de adiestramiento de sus cuerpos, inteligencia policial, actividad y experiencia acumulada. Cuando cambia el «enemigo» son los mismos aparatos de ayer quienes se encargan de lo que hoy toca, haciendo su traspaso, apoyados por todo aquello que se fue forjando en otro contexto o para otro «enemigo» y también actualizándose y perfeccionándose. El aspecto policial es inherente a cualquier Estado.

Ahora bien, una vez agotada la alarma social en relación a la cuestión ETA –y no estando todavía tan presente la cuestión yijadista– otra alarma interna viene a sustituirla. Aunque no es la única, es quizá de gran importancia. Tras una nueva reestructuración capitalista –lo que el poder llama crisis–, se evidencian las tensiones a pie de calle tras el malestar de la precarización cada vez más exagerada de la vida, lo que lleva a momentos más o menos convulsos, de múltiple y diversa actividad en términos multitudinarios. Se ocasionan desbordes que rompen la pretendida paz social y vuelve a instalarse sobre la mesa de prensa, políticos y policía la no tan nueva alarma del antisistema infiltrado en el «cuerpo social», que busca y promueve el desborde de manera organizada. Las iniciativas de la gente movilizada en su diversidad y transversalidad, su autonomía y capacidad se sintetiza a ojos del poder en un «único culpable», y en la creación de un perfil concreto al que castigar, utilizando lo que se conoce como economía de la represión: no es posible castigar a tantas, aunque más fácil el castigo ejemplarizante.

Se va hilando más fino hasta arribar a la búsqueda del aislamiento y la categorización, en todo un arsenal de literatura policial y mediática, de unos entornos específicos de lucha que siempre han intervenido activamente en la transformación de la realidad pero por sobre todo que han promovido y practicado la autoorganización de la lucha y la vida, por ende difíciles de asimilar. El mensaje que el poder busca trasmitir es que no hay cabida para este tipo de prácticas o ideas, que todo está cubierto y garantizado por la democracia, siempre y cuando todas estemos dispuestos a mantener una posición dialogante, participativa en su terreno.

Los golpes policiales asestados a estos entornos de lucha no hablan de que exclusivamente unas pocas categorizadas estén movilizadas y activas, pero sí de que toda aquella que se organice, luche en esos términos autoorganizados e incluso hasta simplemente en algunas ocasiones opine «más de la cuenta» es susceptible de recibirlos. Ya no se trata simplemente de desarticular de modo operativo y policial a un entorno de luchadoras sino de demostrar la posición de fuerza del Estado, su capacidad de dominio y control social. Paralelamente a este tipo de despliegues y operaciones policiales de corte tan mediático y espectacular se suceden múltiples medidas de presión sobre personas y colectivos, con un componente represivo no por eso menor.

Por otro lado, la «limpieza» en las calles de «indeseables», se trate de vendedoras ambulantes, pobres que «merodean», rebeldes, etc., no es algo nuevo, pero va moldeando cada vez más la manera en la que las personas se mueven en un espacio cada vez más minado por las necesidades capitalistas y los negocios de los ricos. El sostenimiento técnico en el espacio público de toda la actividad policial se potencia con la articulación de la extensión de los circuitos de videovigilancia, y por otro lado, la búsqueda de colaboración ciudadana –desde la intervención a pie de calle, pasando por la creación de páginas web de colaboración y delación ciudadana, etc. Busca también imponerse como mentalidad. El último pacto en materia antiterrorista –en un escenario en el que convive con nuevas leyes de seguridad ciudadana, como la conocida popularmente como «ley Mordaza»– contiene no sólo el reconocimiento de una redefinición más laxa de terrorismo sino que también concentra su foco en algunos ejes que creemos importante resaltar.

Resaltaremos dos de ellos: la profundización en la colaboración entre Estados y el control hiperexhaustivo de las redes sociales y el uso informático en su papel fundamental para la difusión de ideas «radicales» o «radicalizadas».

La colaboración entre Estados en materia policial supone:

  • Bancos de datos sobre personas compartidos por los Estados europeos, lo que facilita la labor de seguimiento, vigilancia y control. Esto incluye por supuesto, datos específicos como el ADN. En el caso de algunos suburbios de Bruselas, se ha exigido colaboración a sus habitantes para la toma de ADN, como excusa para el esclarecimiento de algún «delito» ocurrido en la población, y en el caso de no colaborar pasar a ser susceptible de ser el «sospechoso».
  • Aceleramiento de las medidas de entrega de personas en el ámbito europeo, valiéndose de la ya aprobada y aplicada Euroorden, pero también hacia otros países.
  • Potenciar y profundizar acuerdos entre Estados que suponen formación conjunta de sus cuerpos de seguridad para un accionar coordinado, más allá de las especificidades locales.

Las modificaciones establecidas en materia policial –como en todos los otros terrenos– tienen un marco de aplicación hacia todo el conjunto de la población, como decíamos antes, con la excusa antiterrorista.

En materia de control en terreno informático y de redes sociales, la ampliación de equipos técnicos policiales que trabajan específicamente en el aspecto de vigilancia con un marco más amplio incluso, que comienza a sugerir que se entienda como «delito» el simple hecho de consultar una página considerada «peligrosa». Todo usuario empieza a ser sospechoso. En este caso, cuando hay un trabajo día a día de búsqueda de «delitos», algo habrá que llevarle a los jefes, por lo que, arbitrariamente, muchas veces, allí donde no hay, habrá que inventar.

A todo esto se ha de sumar la alerta a raíz del impacto de los movimientos forzados de población debido a las guerras, que han ocasionado el incremento de las medidas para el blindaje de fronteras y controles exhaustivos, buscando modificar también leyes y actividad policial, dando manga ancha a la «caza» de la persona extranjera. El racismo institucional promueve las redadas policiales, la identificación y el hostigamiento a personas migrantes cotidianamente, empleando el encierro para quienes no tienen papeles en regla, lo que se transforma en un auténtico infierno para miles de personas.

De la represión que sacude los diferentes territorios y de los paralelismos y colaboraciones que en ellos podemos encontrar, el Estado español es considerado uno de los más policiales de Europa, en el sentido de que cuenta con una de las tasas más altas de cuerpos represivos en relación al número de habitantes. Concretamente, las poblaciones con más presencia policial se encuentran al otro lado del estrecho, en Ceuta y Melilla, donde la densidad de policías que vigilan esas ciudades y sus fronteras con Marruecos dobla las de Madrid y Euskadi, que serían las comunidades más controladas en la península. Y al margen de estadísticas, hay que añadir la seguridad privada, en forma de vigilantes o escoltas, que juntos ya suman más personal que alguno de los cuerpos policiales del Estado y que tras el cese de la lucha armada de ETA, aquellos que ejercían de seguridad personal a empresarios y políticos, intentan reciclarse como carceleros o en la seguridad de las embajadas.

De la variedad y cantidad de cuerpos policiales y de la legislación e impunidad que los protege, han llovido innumerables casos de violencia policial, desde los asesinatos en la frontera del Tarajal, a las torturas en la Audiencia Nacional, pasando por las palizas a manifestantes en los calabozos, a inmigrantes en los CIE o a presas durante los traslados, son sólo algunos ejemplos que evidencian esa brutalidad policial que los Estados democráticos niegan y camuflan por norma y a la cual siempre es interesante señalar y responder más allá de planteamientos victimistas o potencialmente recuperables.

Al extrapolar más concretamente estos contextos represivos a nuestros entornos de lucha, parte de la estrategia policial utilizada durante los últimos tres años, sobretodo en las operaciones antiterroristas, pero no únicamente en éstas, ha sido el uso del hostigamiento clásico combinado con los avances en materia tecnológica y científica, mediante seguimientos, parones, cacheos, pinchazos telefónicos, videovigilancia, sistemas de localización, escuchas ambientales, robo de material genético, etc, además de intentar infiltrarse en nuestros espacios y de pretender captar a colaboradores. La novedad, más que en la práctica, se ha situado en el relato, como el hilo conductor que ha justificado todo lo demás. Nos referimos a la intención de crear un precedente de «organización terrorista anarquista» a través de esa literatura policial que pretende encajar nuestras luchas en sus definiciones de terrorismo. La ambigüedad de su definición de terrorismo es también una estrategia, que busca naturalizar entre la población esta categorización para que sea aceptada como parte fundamental del funcionamiento del estado de las cosas.

Por todo esto, ante los embates del poder, la solidaridad y la agitación son unas de las prácticas que pueden invertir los objetivos del Estado e intervenir en los procesos que golpean a los nuestros más allá de las defensas legales que puedan darse en los tribunales, siendo necesario continuar desplegando una intensa actividad que plante cara a esta ofensiva policial en todos sus frentes, así como también continuar cuestionando y conectando la realidad de la represión con aquellos aspectos del poder que la necesitan y hacen posible.

En ese sentido, no sólo estaremos atentas a los avances del aparato represivo, sino que también impulsaremos nuestros pasos, seguiremos insistiendo desde nuestros métodos de lucha clásicos como son la autoorganización horizontal, autónoma y antiautoritaria, explorando las posibilidades que nos permitan continuar desarrollando nuestras prácticas.

Al fin y al cabo, el éxito o el fracaso de la represión no pasa únicamente por la cuestión de la cárcel, el arresto o el juicio, sino que tiene que ver también con la capacidad de mantenerse activo frente a la presión, el aislamiento y las dificultades.

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