La Audiencia Nacional

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«Para mantener esta sociedad es necesario vivir en un estado constante de miedo»

Tim Robbins, durante una representación de 1984

La Audiencia Nacional, ese no lugar desde el que se hace política, desde el que se crea una realidad mano a mano con los medios de comunicación y con los intereses del establishment. Se hace difícil, casi imposible, hablar de la AN sin tener en cuenta su origen (su predecesor fue el Tribunal de Orden Público franquista que a su vez era la continuación del Tribunal Especial de Masonería y Comunismo que dejó de existir nominalmente en 1964) y el carácter de excepcionalidad de los delitos que debería juzgar. Dicha excepcionalidad se ha convertido en una cotidianidad que abre las portadas de los diarios casi cada semana, y aunque es cierto que gran parte de los delitos de corrupción se juzgan allí, en realidad el peso y su intencionalidad recae sobre los delitos englobados bajo el amplio, muy amplio, concepto de terrorismo.

Desde el anuncio de ETA de su renuncia a la acción armada en el 2011, las condenas por delitos de exaltación del terrorismo o de humillación a las víctimas se han multiplicado. Se ha pasado del «todo es ETA» al «todo es terrorismo». Y basta recordar el «todo es ETA» instaurado por Garzón, y marcando la línea del derecho penal de autor (es decir, el creado por los jueces), y que posteriormente cuestionarían los propios tribunales superiores españoles; las reiteradas negativas de Grande-Marlaska y otros jueces a investigar las denuncias de torturas de las personas detenidas y que posteriormente condenaría el Tribunal de Estrasburgo, para entender el alcance de lo que se convirtió en un todo vale. Y entre el «todo es ETA» y el anuncio del fin de la misma se abrió la veda del «todo es terrorismo», terrorismo anarquista, (con las operaciones Columna, Pandora, Piñata, Pandora 2, Ice), terrorismo yihadista (ya desde los tiempos del caso Dixán y con más de 190 detenidos desde el 2015 de los que poco o nada se sabe), terrorismo gallego (con la condena de los supuestos miembros de Resitencia Galega, organización que nunca se reconoció como tal y que nunca reivindicó nada con dicho nombre)… el terrorista está a la vuelta de la esquina preparado para atacar.

El «todo es ETA» no pretendía más que atacar a la disidencia en su conjunto, y crear un estado de miedo social permanente, tal y como se hace ahora con el «todo es terrorismo». Es parte del miedo necesario para mantener el statu quo. Y tras un objetivo señalado, irá otro. Se prepara la opinión pública, se buscan e identifican sujetos, dinámicas y colectivos para su criminalización. Primero asustan a propios y extraños. Luego detienen a unos/as y a continuación la persecución es democrática contra la supuesta violencia y el terror. La justificación de la propia existencia de una estructura que mantiene la desigualdad porque se basa en ella. Y por ello necesita de esa creación continua de enemigos internos y externos, y cada vez, de conceptos más difusos y amplios. Y el terrorismo, el terrorista, siempre ha cumplido ese indefinición que permite su ataque y evita que se cuestione el concepto mismo.

Y para enfrentarse a ese supuesto terrorista y a su continua mutación se encuentra la Audiencia Nacional (AN), órgano de excepción y excepcional en el ordenamientos jurídico europeo. La excepción que argumentada por su supuesto carácter de instrumento en la lucha contra ETA ha servido para justificar la utilización y la ampliación del alcance del concepto del terrorismo hasta niveles kafkianos.

Últimamente, casi cada día, nos despertamos con la noticia de una detención, un juicio o una condena por parte de la AN de diferentes personas por su actividad política, declaraciones políticas o meros chistes hace que nos llevemos las manos a la cabeza por la absurdidad de la situación, al grito de ¡es una barbaridad!

Es tal vez esta misma absurdidad lo que hace que nos creamos que al final no pasará nada, y catalogándolo de exageración se pierde de vista el objetivo real que tiene la utilización de esta herramienta. Nos posicionamos en lo absurdo de que la Audiencia persiga a tuiteros, cantantes, titiriteros, jóvenes y manifestantes… y anarquistas, antiautoritarios, personas que se organizan, en resumen, a la disidencia política en muchas de sus versiones. Esta reducción de la utilización de la AN como un exceso hace que perdamos de vista la necesidad que la realidad en la que vivimos tiene de este tipo de herramientas.

Caemos en la repetición del mantra que asegura que ahora que ETA no existe la Audiencia tiene que hacer algo, pero si miramos hacia atrás y calculamos por un segundo qué es lo que le ha reportado la existencia de ETA y su entorno, podemos hacernos una idea de la necesidad que se tiene de ella, porque el todo es ETA ha valido para atacar a un amplio espectro de los sectores contestatarios, como ahora se hace con el todo es terrorismo. Además de mantener un clima de miedo permanente y una ecxcusa para el endurecimiento continuo de las leyes.

No es que no existan otros tribunales para juzgar muchos de los delitos que se atribuyen, y cuyas condenas pueden resultar tan o más elevadas que las de la AN. Pero, como decíamos antes, la utilización de la Audiencia Nacional tiene un sentido, y es su misma excepcionalidad. y lo amplio del concepto de terrorismo lo que le da gran parte de su poder punitivo y lo que permite que la represión ejercida sea tan fuerte.

Esta ampliación del concepto del carácter de terrorista, de qué significa terrorismo es una de las principales funciones que tiene la AN. Claramente en esta definición va mano a mano con los medios de comunicación de masas y su creación de la realidad, así como con el funcionamiento de los cuerpos policiales y la defensa de los intereses políticos y económicos que estos defienden, pero aunque haya que señalarlo, porque es imposible que exista sin esta colaboración, éste no es el tema de este texto. Dicha ampliación del concepto de terrorismo da lugar a una utilización amplia del denominado derecho penal del enemigo, es decir, una construcción del derecho sobre la «otredad» del supuesto enemigo y su no consideración como persona, la eliminación del derecho de ese otro como ser humano, como un igual, y que va de la mano de la utilización del derecho penal como un arma preventiva, es decir la condena por la posibilidad de lo que pueda llegar a ser, a hacer…

La importancia de las legislaciones antiterroristas es mayor de lo que podamos pensar; por un lado (igual que ocurre con la cárcel) son el laboratorio donde se experimentan técnicas punitivas y de control social que luego se van a generalizar al resto de la sociedad en ese proceso que los expertos denominan «efecto expansivo de las leyes de excepción», es decir, las condenas que hoy se piden para los terroristas, mañana se piden para los delincuentes habituales y pasado para la delincuencia en general. Conectado a este proceso, las leyes antiterroristas sirven para definir al enemigo, dado que la sociedad acrítica tiende a aceptar que todo aquel al que se le aplique una ley antiterrorista es un terrorista, sin plantarse que la definición de «terrorismo» es más compleja de lo que aparenta. Sin entrar en ese debate, sigamos con el tema de la construcción del enemigo que es el paso previo a su deshumanización, gracias a la cual el poder podrá imponer un castigo que en cualquier otra situación se consideraría inhumano (tortura, cadena perpetua, pena de muerte, etc.) contando con un apoyo social mayoritario. En este camino, la transformación en «terrorista» de la disidencia es un peldaño más en la escalada hacia la cruzada punitiva.

Se da la problemática de que el termino «terrorismo» se utiliza constantemente en los medios decomunicación de una manera abrumadora, lo cual provoca la creación de una sensación ficticia de inseguridad en la sociedad y con ello la aceptación de la ampliación de lo que hasta entonces han catalogado como terrorismo.

El gran argumento ―el gran muro, tal vez la gran excusa― aducido por los gestores de un poder omnímodo es la tesis reiterada de «la complejidad del fenómeno», que justifica todas las acciones policiales y judiciales . Esa complejidad que nos presentan en forma de células dormidas, redes complejas y hombres barbudos en las montañas rocosas de Afganistán y lobos solitarios escondidos en nuestras calles. La credibilidad o no deviene, entonces, un acto de fe perverso. Y ahí radica la trampa que nos hace pasar de la grandiosidad de la portada alertando de atentados inminentes a la marginalidad del breve que anuncia que la mayoría de detenidos son liberados sin cargos.

Ese breve, ese resquicio en las noticias, no tiene ni por asomo el mismo efecto que producen las detenciones, las acusaciones… que sin embargo sí que dejan la huella de una lección claramente aprendida por gran parte de las personas que se vieron englobadas en el todo es ETA, y otra gran parte de los miembros de los diferentes movimientos sociales del Estado que al ver asomar las orejas al lobo miraron para otro lado sin enfrentarse a la represión ejercida en el nombre de la lucha contra ETA. En este sentido, la sentencia del 18/98 fue un aviso a navegantes. Como lo ha sido el juicio por los hechos del Parlament, por el que hay compañeros esperando aún la resolución del indulto pedido por la condena de tres años y medio que les ha caído, o las condenas a los tuiteros… en resumen un aviso de «abandonad toda esperanza»… No en vano, es una doctrina que busca debilitar, atemorizar… y, sobre todo, dividir.

Porque junto con el efecto punitivo de las condenas, están todos los efectos de castigo preventivo que en sí tiene la utilización de la AN. Por una parte el peso social ya señalado, y por otro la persecución mediática, la excepcionalidad de las condiciones penitenciarias, las medidas cautelares que se imponen a los acusados… Basta echar un vistazo a parte de los casos antes nombrados, a las detenciones de los últimos años y hacer un seguimiento de los mismos para ver qué ha pasado con ellos, en qué han quedado legalmente, teniendo en cuenta que solo podemos medir los efectos cuantitativos de las condenas, puesto que los efectos personales, sociales y la destrucción de sus entornos no es medible desde fuera de los entornos, o por lo menos no sin considerar dichas condenas y la utilización del concepto de terrorismo como una herramienta de uso extensivo y de fines más profundos.

Casos de manual que siguen a rajatabla la construcción externa del sujeto enemigo, la identificación y definición del mismo desde la institucionalidad, el desprestigio del sujeto creado y finalmente su criminalización. Estos ataques son inherentes a la existencia de la disidencia, algo inseparable de la resistencia al poder, pero que no por ello tiene que dejar de señalarse. No es lo mismo la identificación y la construcción propia de un movimiento que la construcción sesgada realizada desde el exterior con el fin de reprimirla posteriormente.

Y mano a mano con ello va la irresponsabilidad efectiva de jueces, policías o periodistas. Ninguno de ellos está sujeto a responsabilidad alguna por las consecuencias de las acusaciones, condenas, absoluciones, archivos… baste como ejemplo el caso Dixán, durante cuyo proceso sobresalió una frase dolorosa: «Mejor por exceso que por defecto». La pronunció Joan Saura, consejero de Interior de la Generalitat.

Frente a ello nos queda seguir donde estamos, continuar con nuestras prácticas, analizar y no dejarnos llevar por el mantra ni por el intentar desligarnos del objetivo del momento con el muy usado «ser antifascista, joven, feminista… no es delito», y buscar el apoyo mutuo y la inteligencia colectiva. Es por todo ello que aunque pueda haber condenas menos duras, no puede haber una justicia, entendida como la ejercida por los órganos judiciales, mejor. Sino que será desde la protesta, el conflicto y la disidencia sociales desde donde lo consigamos.

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