La judicialización de nuestras vidas

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La judici… ¿qué?, con esta palabra que a veces parece un trabalenguas se señala la burocratización y la temporalización externa de nuestras vidas así como la obligación de cumplir determinadas medidas de control antes de que haya habido una condena. Hablar de judicialización de la vida da pie a un debate mucho más amplio del que podemos tener en este espacio, porque va más allá de las medidas cautelares o de aquellas que se deban cumplir tras una condena o como sustitución de ésta por lo que para ello tendríamos que hablar de la regulación legal que sufren nuestros cuerpos, la autonomía de las personas con capacidades diferentes, las personas migradas, los menores… La judicialización forma parte también de la creación de lo normativo y de a quién se define como el «otro». Es por ello que queremos aclarar que aunque estas medidas las sufran muchas más personas, nosotras nos vamos a centrar en este texto en la utilización de las mismas como forma efectiva de castigo a la disidencia y a su entorno, lanzando una mirada sobre los efectos que tienen tanto a nivel personal como a nivel colectivo y en las diferentes luchas que se llevan a cabo.

Sabemos que siempre que hay un poder existirá la disidencia, y que dicha disidencia, siempre comporta represión. No queremos caer en el victimismo. Por esto, muchas veces, los discursos que dicen que ser estudiante, antifascista, feminista,… no es delito pueden llegar a chirriarnos bastante y abren preguntas en cuanto a por qué nos defendemos en términos de legalidad y no en términos de la legitimidad que creemos que tienen nuestras propuestas. Identificarse de cierta manera, así en rasgos generales, no es delito; decir o hacer algo relacionado con esta identidad puede estar tipificado como delito; sin embargo que en sí mismas estas herramientas que utilizamos puedan ser delictivas no las hace perder su legitimidad. Por eso entendemos que, tanto en nuestra propia defensa como en defensa de nuestras luchas, debemos seguir utilizando todo aquello que consideramos legítimo. La legitimación de las prácticas disidentes en función de su supuesta legalidad no hace más que acortar los espacios de alegalidad construidos y las redes de disidencia y confrontación ya creadas. El afán de la izquierda institucional por regularizar los espacios de los diferentes movimiento sociales no hace más que acortar las zonas en las que podemos desarrollar nuestros proyectos en una alegalidad que es productiva, creadora y activa.

En cada caso, en cada lugar, situación política, momento histórico… la represión se adapta al marco en el que se desarrolla pero su finalidad es siempre la misma. Que la represión sea menos salvaje no significa que no exista, sino que su cariz es más democrático, es decir, más sutil pero no por ello menos efectivo.

Esta es una de las razones de este texto, señalar la judicialización efectiva que se hace de nuestras vidas y cuáles son las razones de ello.

Generalmente cuando nos planteamos la represión se suele hacer en los términos de detención, juicio y condena, dejando en un limbo todos los momentos que hay entre estos tres hechos. Es decir, entre las detenciones y las consecuencias de las mismas (psicológicas, físicas, laborales, el efecto en los espacios allanados para efectuar las detenciones, mediáticas…), el juicio como hecho en sí (es decir la aparición delante del juez y la intervención del resto de los agentes) y la condena (centrándonos normalmente en las condenas de cárcel). Entre ellas se suceden momentos, muchas veces más largos que las condenas, de espera, tensión, miedo… y ahí radica su sutil pero efectiva represión, en el hecho que muchas veces no sabemos cómo lidiar con todo ello.

El carácter democrático de las herramientas utilizadas hace que parezca que su uso (fuera de la condena) no tenga efecto alguno, que no suponga ya un castigo, cuando realmente es al contrario.

Queremos en este texto lanzar una reflexión sobre el efecto que tienen estas medidas, y nos gustaría hacerlo desde dos puntos de vista; uno el que tiene personal e íntimamente, en nuestra cotidianidad, y otro que sería el de los efectos que estas medidas (junto con el golpe represivo en sí) tienen en los movimientos en los que estamos insertos.

Y esas medidas cautelares, ¿cuáles son?

Las mediadas cautelares que normalmente se imponen se supone que son, como dice la palabra, en previsión de que no se cumpla lo dictado por el juez. Puede ser una fianza, lo que obliga a destinar cantidades enormes de dinero de unos entornos que no disponen de estos fondos y que se tienen que lograr apelando a la solidaridad y al trabajo continuo de muchas más personas de las que solemos tener constancia; tener estas redes de solidaridad nos permite afrontar sus pagos y con ello lograr que las compañeras salgan; no disponer de estos recursos cierra la puerta a esta posibilidad y provoca que mucha gente deba esperar hasta el juicio en la cárcel.

Puede ser tener que ir a firmar, y acordarte de ir; sea una vez al mes, dos veces, semanalmente, cada dos días… y tener que identificarte, que te escruten y reconozcan… y no, no se hace más agradable con el tiempo.

Puede ser una retirada del pasaporte, es decir no poder salir del país, o tener que pedir un permiso especial cada vez que se quiere o se debe salir del Estado español. Por encima parece una tontería, pero plantearnos las vacaciones, la vida laboral o el tener que visitar a algún familiar en función del permiso que nos den (y por ende, tener que solicitarlo y que pedirle favores a los mismos jueces que te han impuesto estas medidas) supone un peso cotidiano y un condicionamiento, tanto de nuestras vidas, como las de la gente con la que caminamos. Plantearte que no puedes salir de vacaciones, que tienes que pedir un permiso especial para salir a ver a tu familia, o tener que pedir que te devuelvan el pasaporte momentáneamente para, por ejemplo, renovar tus papeles de residencia, hace que tengas pendiente, absolutamente cada día, el juicio al que te tendrás que enfrentar en un futuro indeterminado.

Puede ser tener que notificar un cambio de residencia, de teléfono… todo esto supone una burocratización continua de cada aspecto de nuestra vida y un control aparentemente inocuo pero tremendamente real de nuestros movimientos, relaciones, planes de futuro…

Gastos de abogados: puede no considerarse una medida cautelar, es cierto que no lo es en puridad, pero la obligación de estar manteniendo contacto con los abogados, necesitar que interpongan recursos, peticiones, que se reúnan… ya supone un gasto continuo de recursos que además de ser difíciles de obtener van en detrimento de la financiación de proyectos creativos; nos hacen estar en una búsqueda continua de dinero para pagar a los abogados o para mantener a las personas que estén presas (lo cual paradójicamente se nos puede volver en contra teniendo en cuenta la amenaza de financiación ilegal que supone el recaudar dinero fuera de los canales previstos por su legalidad y el hecho de que en el caso de los presos y/o acusados de terrorismo se considere que la ayuda económica a estas personas pueda ser apoyo al terrorismo).

Lo sutil hacia fuera de estas medidas hace que, tanto ellas como sus efectos, parezcan inexistentes. En la mente de la población en general, y de nuestro entorno, da la impresión de que las detenciones que tuvieron lugar, tal o cual día, no tienen ninguna consecuencia. Sin entrar a valorar, claro, las consecuencias que ya hayan podido tener el foco mediático, la aparición de nombres y caras en la prensa, el acoso a familiares, los destrozos en las viviendas, la posibilidad o no de justificar laboralmente una detención, el golpe emocional personal y familiar…

Y aunque se viva desde lo individual como afectan también a aquellas con las que caminamos, no podemos decir que sean castigos individuales.

De cara a lo colectivo, a los grupos en los que participamos, a las actividades que realizamos, estas medidas se traducen, a veces, en una paralización de nuestras actividades.

De cara al interior, los golpes represivos suponen una desmovilización de las luchas, para poder recaudar dinero, atender a las compañeras… pero también suponen una extensión del miedo y una minimización inconsciente de todos estos espacios temporales entre detención-juicio-condena que hacen que nos cueste apreciar el efecto que estas medidas ya tienen en las compañeras. El «bueno, no te preocupes, no será nada al final…», «¿aún estás con eso?, qué palo…» no hace más que ponernos barreras entre lo que pueden suponer las condenas y lo que ya suponen, y uno de sus efectos es el miedo, que se extiende como una mancha de aceite, y la mejor prueba de ello es el hecho de que públicamente no se señale, no se hable, no se trabaje este mismo miedo.

Además no solo se desmovilizan los sectores afectados directamente por la represión: se produce un paso atrás en parte del entorno que les rodea; lógicamente si se ve que ciertos sectores son acusados de, por ejemplo, terrorismo a la hora de organizarse, los movimientos que puedan ser afines al entorno atacado no van a seguir por la misma línea.

Creemos necesaria una mirada interna y un análisis de la aceptación acrítica de los procesos cautelares. Con dicho análisis y la confrontación a esta aceptación acrítica buscamos señalar qué intencionalidades tiene su utilización y el alcance real de sus efectos; darnos cuenta que no permite el crecimiento de las redes de apoyo y que provoca que los procesos hasta el momento del juicio sean muy solitarios. No reconocer estos efectos impide poder tratarlos colectivamente y, en consecuencia, evita también la elaboración de mecanismos colectivos de cuidado y apoyo muto hacia las personas y entornos que están en el ojo de la represión.

Queremos señalar también, que tanto en esta reflexión, como en lo relativo a la Audiencia Nacional, a las condenas, o la crítica a la aplicación de estas medidas cautelares punitivas no supone defender otros métodos de castigo u otra «mejor o más ajustada» aplicación de las mismas sino señalar que la asunción acrítica de ellas ya consigue el efecto buscado, a saber, la aceptación del rol pasivo de víctimas de la represión y la paralización de prácticas políticas potencialmente trasformadoras.

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